• Cronicas porcinas

Recuperar bienes para enfrentar la crisis sanitaria y económica

* por Lucas Manjon

El fundamento de recuperar los bienes producto del delito no solo se debería apoyar en el supuesto -y muy justificado- reparo económico que las víctimas, directas o indirectas, merecen. También el Estado, en sus diferentes representaciones, ha visto menoscabada su integridad espiritual y económica ya que gran parte de los delitos considerados dentro de la categoría de criminalidad organizada han sido amparados o contaron con la participación de funcionarios que representan al Estado.

La extinción del dominio tiene, en primer lugar, una fundamentación simbólica. El Derecho Penal se orienta sobre emitir sanciones y castigos para reparar el daño hacia la sociedad en conjunto; el delito no se comete contra una persona sino contra la sociedad en su conjunto y la sanción es, por tanto, en reparación de toda la sociedad. Este concepto se refuerza hoy con la implementación del nuevo Código Penal donde “la resolución de conflictos” se determinó como objetivo central.


El sentido de recuperar los bienes tiene más de simbólico que de económico en sí mismo. La idea de recuperar lo robado para venderlo y que el gobierno cuente con más dinero, es similar al criterio de llenar de cámaras la ruta para recaudar y no para prevenir accidentes.


Las cámaras en la ruta deben existir y deben servir para imponer sanciones, pero el sentido no es ese. El sentido de las leyes en mejorar la calidad institucional del Estado mismo y mejorar las condiciones materiales y simbólicas de todos los habitantes. La Justicia y el Gobierno pueden recuperar y utilizar todo. Lamentablemente, hasta el momento, se recuperaron en la mayoría de las veces bienes que solo sirven para hacer campañas de prensa. Como las cámaras deben servir para reducir la cantidad de accidentes de tránsito y no no para recaudar, la disposición geográfica de las cámaras debe ser algo planificado, científicamente establecido para hacer una óptima utilización de los recursos disponibles.


Los organismo del Estado encargados de recuperar y proteger la integridad de los bienes secuestrados se encuentran atomizados y descoordinados. La Corte Suprema, los juzgados federales, las fiscalías, los Ministerios de Justicia y organismos como Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), entre otros, manejan información diferente y aplican criterios diversos para conservar el estado óptimo de los bienes y otros todavía más variados para reutilizarlos efectivamente. El artículo 23 del Código Penal permite a las autoridades judiciales decomisar los bienes de personas acusadas de diferentes tipos de delitos. A su vez, el artículo 233 autoriza la entrega de los bienes decomisados a una persona física o jurídica para que haga uso del bien; claro que la entrega del mismo le conlleva obligaciones al destinatario: no desvirtuar el sentido por el cual se lo solicite al juez, como así también cuidar y mantener el valor del bien mientras la causa penal continua.


Existe una suerte de contrafuego en caso de incurrir en un error sobre el derecho de inocencia y, por lo tanto, de la tutela sobre sus bienes y que tan efectivamente garantizan las leyes sobre la propiedad privada. En caso de que se debiera devolver los bienes al acusado y aquellos perdieron valor se podría hacer entrega de dinero por el valor del bien.

Hoy el Gobierno sabe que cuenta con esta herramienta, que es bastante menos engorrosa que las propuestas en la ley y el escamoso decreto. El argumento de la presunción de inocencia y la garantía del derecho a la propiedad privada para no avanzar sobre el recupero, la reutilización y la reparación (las 3R de la doctrina antimafia), que utilizan algunos sectores, también es falso. Hoy la mayoría de los detenidos, por cualquier tipo de causa sin sentencia -sean robos, hurtos o delitos de la criminalidad organizada- si la persona resulta inocente no solo pierde un factor económico como pueden ser los bienes o su sustento diario, sino que también pierde días de libertad encerrados en lugares que no suelen ser colonias de vacaciones o centros recreativos.


Los bienes que se tomaron de una persona que resultó ser inocente pueden ser reparados económicamente, el tiempo que una persona pasa encerrada injustamente, no.


La extinción del dominio no debe ser una mera recaudación de ingresos para un Estado que bastante mal emplea en su dinero. Juzgados y fiscalías vacantes por todo el país, edificios viejos y deteriorados que dificultan el accionar del poder judicial, casas y locales comerciales alquilados para que funcionen como juzgados y/o fiscalías, autoridades del poder judicial de demostrada deshonestidad para ejercer el cargo que ocupan, y cualquier otro, en un país que supuestamente busca progresar.

Desde el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el estado de pandemia. Los gobiernos de todo el mundo corren a contrarreloj para garantizar la atención social, económica y fundamentalmente sanitaria de todos los seres humanos.


Países con economías débiles y superpotencias económicas se hallan en el mismo estado de indefensión frente al COVID-19, un virus que no hace distinción de fronteras territoriales ni de clase, pero que en relación a sus estructuras económicas las diferencias son notables. Los datos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los distintos organismos económicos supranacionales se encargaron de declarar hasta el hartazgo que las economías nacionales y sus ciudadanos están totalmente expuestos no solo al coronavirus, sino al hambre, la pobreza y la desesperación.


Fue el Papa Francisco quien en dos de sus ultimas homilías pidió rezar “por la gente que en esta época de pandemia hace comercio con los necesitados. Se aprovechan de las necesidades de los demás y los venden: los mafiosos, los usureros y muchos otros” . Además, reclamó “que se reduzca o incluso se condone la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres". Los mafiosos y usureros que Francisco en reiteradas oportunidades denunció son quienes mancillan todos los días los atributos que la sociedad le entregó al Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos que lo componen. Sobre los bienes de todas esos mafiosos y usureros se debe avanzar y ponerlos al servicio de los más humildes. Los pobres, los vulnerables, las mujeres sometidas a la violencia de género, la explotación sexual, los trabajadores esclavizados, los trabajadores de la salud, los enfermos, los empleados de comercio, los transportistas, los adultos mayores, los jóvenes y la sociedad en general deben ser los protegidos en esta pandemia que no solo hace referencia a un virus, sino también a la mafiosidad, el egoísmo y la avaricia. Los inmuebles, vehículos, maquinarias y el dinero decomisado que se encuentran dentro de este marco jurídico deben ponerse en manos del Estado y ser empleados activamente para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que pone en peligro la salud de la humanidad, que siempre es mucho más importante que la economía, tal como lo remarcó el presidente argentino Alberto Fernández. Que el Estado logre reparar los daños a los que fue sometido mediante el mecanismo de las 3R servirá para hacerse de un elemento más en esta situación de crisis. Será además, un símbolo de cambio y esperanza. Un punto de inflexión para una construir una democracia fuerte frente a la concentración económica y el ataque de la mafiosidad.

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